La mayoría de las críticas se enfocan en la deficiente capacitación de los operadores jurídicos del sistema —elementos de las policías preventivas o investigadoras, peritos, agentes del ministerio público, jueces y magistrados—, así como de la insuficiente educación continua de los abogados postulantes y estudiantes de la carrera de derecho; también en la ineficiente realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar de manera adecuada las carpetas de investigación.

Por su parte, Luis María Aguilar Morales, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirigirse a los jueces federales en el “Encuentro de Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal: Intercambio de Experiencias sobre la Operación de Centros de Justicia”, expresó: “Si no se fija como meta una justicia de calidad para los mexicanos, el Sistema de Justicia Penal corre el riesgo de viciarse, generar inercias burocráticas y tener alcances limitados, contrarios a los propios reclamos que le dieron vida”. Y agregó: “Estamos aún en la etapa de las judicializaciones por pura flagrancia, de delitos de menor impacto y, en general, de cargas muy por debajo de lo que a estas alturas ya debería ser”.

 

Asimismo, el anterior Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, pronosticó que el Sistema de Justicia Penal no funciona si los operadores del sistema no se encuentran debidamente “preparados” y no cuentan con los suficientes conocimientos, haciendo énfasis en que es necesaria una mayor preparación técnica de los peritos, cuyas deficiencias consideró como un “foco rojo”, al ser una área estratégica.

 

De igual manera, Diego Valadés, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había advertido sobre diversas inconsistencias académicas en la implementación del Sistema de Justicia Penal, entre las cuales se encuentran la falta de colegiación de los abogados postulantes o la preparación inadecuada de los jóvenes en las escuelas e instituciones de educación superior, lo cual podría generar las condiciones del fracaso de este sistema de justicia, llegado el plazo constitucional. Además de lo anterior, señaló que en cuanto a la preparación técnico-jurídica de los operadores del sistema hay un gran fracaso porque no hay abogados preparados, escuelas que los formen, no hay personal en el ámbito de las procuradurías ni de las policías, ya preparados para atender las nuevas exigencias con el modelo de justicia penal, ni los controles suficientes, cuando la mayor parte de los asuntos serán objeto de la negociación entre postulantes defensores y acusadores.

 

En este sentido, a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un comunicado, señaló que el procedimiento mexicano debe ser transparente, confiable, ágil y sujeto en todo momento al escrutinio público; magistrados, jueces, agentes del ministerio público, defensores, asesores jurídicos, peritos, oficiales de policía y en general todas aquellas personas que con uno u otro carácter intervengan en el proceso estarán expuestos a la observación de la sociedad, a través de audiencias públicas y orales, lo cual sin duda abona para la transparencia y confiabilidad de su desahogo. . . . .

. . . . .

Lo anterior, sumado a la falta de capacitación de los operadores jurídicos en el sistema actual, desde los ministerios públicos, policías preventivas o investigadoras, peritos, jueces, magistrados ya que no cuentan con una preparación técnico-jurídica, cuando las exigencias de la sociedad aun aumentado conforme a la realidad de la alza en cuanto a la delincuencia, la ineficiente realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar, de manera adecuada, las carpetas de investigación, lo que abre la puerta a la corrupción o que a los justiciables no se les apliquen las medidas punitivas correctas. 

​

Advirtiéndose que gran parte de lo que se menciona y que son partes de los motivos por los cuales se pretende crear un nuevo Código Nacional Procedimental, es el hecho de que las propias autoridades sabes, conocen la incapacidad de Policías, Fiscales, Jueces Y Magistrados, y por lo que es mejor cambiar los ordenamientos legales, crear un nuevo Código Nacional de procedimientos, aun sabiendo, que el motivo que esta afectando al sistema Jurídico Penal, es la incapacidad y corrupción de los operadores, se sigue por la línea de cambiar las leyes, reformar, derogar el Código nacional, y no realizar lo que para mí sería lo más lógico, capacitar a esos funcionarios o ya de plano cambiarlos si no pueden con el “paquete” algo muy poco lógico, será que quienes pugnan por este nuevo código no consideran que un fiscal que sea corrupto lo seguirá siendo aún que se realicen mil reformas o códigos nuevos?

¿Realmente creen que, si un juez no se ha capacitado en los en estos 12 años, con crear un nuevo código con eso por arte de magia estará capacitado? Entendemos que la respuesta es un rotundo NO.

Desde la practica observamos constantemente diversas acciones jurídicas de los únicos que no debieran desconocer el sistema acusatorio LOS JUECES. Acciones que gran daño hacen al sistema Jurídico penal Mexicano, acciones que denotan que los entes de administración de justicia, llámense Poder Judicial, no les interesa que sus Jueces estén verdaderamente capacitados y con la adecuada experiencia. He escuchado a Jueces que dicen VENGO AL JUZGADO A APREHENDER, Fatal para el sistema.

Todas las leyes, son perfectibles, y si el actual sistema necesita reformas, pero de verdad ¿la mecánica para ir perfeccionando el sistema es derogar el actual Código Nacional de Procedimientos Penales? ¡cuando en la práctica se advierten distintos ABSURDOS, de los Jueces!

Absurdos, como lo sucedido en un Juzgado de distrito altos, en el cual, en una audiencia inicial, cuando se le indico al Juez que el Fiscal, estaba vulnerando la oralidad, este indico que en ese Juzgado se permite que las partes puedan leer lo que quieran, cuando hay reglas establecidas para la lectura. O como en un Juzgado de la costa, cuando la fiscalía formulo acusación el fiscal ofreció medios de prueba documentales, sin mencionar los testigos por medio de los cuales se incorporarían los documentos y al indicarle al juez que no reunían las exigencias del articulo 383 del C.N. Pero aun así el juez de Control admitió las documentales, argumentando “NO SE COMO LAS VAYA A VALORAR EL JUEZ EN JUICIO”, ósea, es BRONCA DEL JUEZ DE JUICIO, pero si la función del juez de control en la intermedia, es esa precisamente, desechar los medios de prueba que no reúnan los requisitos legales.

O absurdos, como algún Juez de Juicio que no permiten realizar interrogatorio sobre cadena de custodia, a los elementos de la policía que supuestamente, recolectaron indicios, que son ofrecidos por la fiscalía, como prueba material.

Realmente estos absurdos vana desaparecer por el hecho de generan nuevos ordenamientos legales, o será necesario que los operadores realmente comprendan, las funciones, atribuciones, actividades y derechos de cada uno de los intervinientes en el proceso penal, estos y otros absurdos, que estoy seguro alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de presenciar, van a desaparecer, cuando en la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconoce que existe INCAPACIDAD, por parte de Policías, Fiscales, Jueces y Magistrados.

Van a desaparecer los ABSURDOS, cuando las plazas de jueces y magistrados, se otorgan por cuestiones Políticas, a los amigos compadres y novias de los altos funcionarios del Poder Judicial y no por que hayan acreditado que en verdad conocen el sistema, creo que todos sabemos la respuesta.

Estamos en el México, donde es más fácil, reformar o derogar leyes, por la incapacidad de los funcionarios de hacer adecuadamente su trabajo, que cambiar o capacitar a esos funcionarios, el mayor de los ABSURDOS.

​

             DR. JESUS IVAN ROBLES GONZALEZ.